Luego de la AIR extraordinaria del pasado viernes 7 de noviembre, convocada con bombos y platillos y con una precipitación inusitada para ventilar el “caso Valencia”, ha quedado claro el panorama acerca de causas, entrabes, acusados y acusadores.

Afortunadamente el llamado a la mesura y a la ecuanimidad que realizamos fue escuchado por la comunidad institucional y el movimiento estudiantil se hizo eco del mismo al mocionar para que se pospusiera la Asamblea y se transformara en foro para escuchar a las partes beligerantes. Todo un acierto, porque ciertamente se esclareció en mucho el paisaje, que horas antes lucía oscuro y con amenazas de tormenta. (¡Ciertamente llovió torrencialmente!)

Ya no es un secreto para nadie que el Consejo Institucional está virulentamente enfrentado al Consejo de Rectoría. Hasta el dictamen del asesor legal contratado por el Directorio de la AIR, como veremos más adelante, dictaminó esa verdad de Perogrullo. El entrabamiento de la institución parte, justamente, de esa confrontación, la cual, atizada por el exceso de legalismo por parte de la Auditoría, le confiere un matiz terriblemente kafkiano.

Esa confrontación nos ha llevado a una antinomia jurídica que coloca a la academia a merced de los abogados. La judicialización de la misma, a tono con la judicialización de la protesta social en el país y de la institucionalidad, la cual fomenta el miedo y la mediocridad en los servicios públicos (sin dar con los verdaderos casos de corrupción nacional), tal y como señalara lúcidamente el invitado especial, don Luis Baudrit, asesor legal de la Universidad de Costa Rica, nos está conduciendo a un verdadero caos interno.

Ese miedo y fomento a la mediocridad es lo que algunos colegas insinúan y acrecientan a la hora de enfrentar las necesarias discrepancias políticas e ideológicas al interior de la institución. Ya no se confronta con ideas, argumentaciones
o tesis, sino con artículos, reglamentos, leyes, controles y acusaciones de violación a las mismas. Todo lo que se mueve en la academia es susceptible de ser procesado por violación a las normas. El principio y margen de legalidad se fue al carajo. Veamos:

El Consejo Institucional, disconforme con la Asesoría Legal, contrata a su propia asesora. De esa manera, en el “Caso Valencia”, para ejemplificar, dicha asesora dictamina que hay violación de la normativa por parte del Rector y el CI declara sin “eficacia jurídica” el convenio con la Universidad de Valencia. El señor Rector presenta un recurso de nulidad el cual es rechazado. El CI entonces eleva la situación a la AIR. El Directorio de la AIR recibe la documentación, la cual se supone ya ha sido dictaminada por la asesoría legal y la asesora del CI. Sin embargo, no satisfecho con ello ¡contrata a su propio asesor legal! Resultado: la apertura de un nuevo frente beligerante porque el Directorio, a golpe de tambor convoca a una Asamblea en cuya agenda toma partido a favor del CI al presentar una propuesta donde solicita también se rechace el recurso de nulidad del Rector y una autorización para abrirle procedimiento disciplinario.

¿Habrase visto tremendo lío abogadil (¡185 páginas!) plagado de inconsecuencias procedimentales! De continuarse por esa senda pronto cada vicerrectoría, escuela, unidad, y hasta funcionario, deberá contratar a su propio asesor legal. Es la judicialización del miedo y el estado de anomia institucional provocado por la misma. La parálisis es el resultado.

La descarga del señor Rector fue coherente y oportuna. Los compañeros representantes del CI continuaron en su vocación legalista. Por suerte por la tarde, don Luis Baudrit, en diez minutos, y con una brillante sencillez, nos aclaró los nublados del día: lo que firmó el señor Rector (¡sin autorización del CI!) no es un convenio, sino una carta de adhesión, firmada por las otras tres universidades estatales, al convenio ya existente y firmado en marzo del año 2004 entre el ITCR y la Universidad de Valencia. En todo caso, en abril de este año se firmó el segundo convenio, porque el primero finaliza este mes de diciembre. Allí se cayó toda la argumentación del CI y del Directorio.

Es cierto, queda un pendiente: la normativa para el uso de los Fondos del sistema del CONARE. Antes que seguir con una pobre argumentación de pérdida de autonomía si se participa en el CONARE, debemos normar el uso de esos recursos que son fundamentales para el desarrollo del ITCR y de un sistema integrado (y autónomo, ¡sí señor!) de la educación superior pública. No podemos comparar la injerencia de otras instancias dentro de la universidad, con la participación del Rector en dicho consejo. Eso no significa que nos vendamos, como rezaba la pobre consigna de uno de los más acérrimos adversarios de la coordinación interuniversitaria estatal. Y a eso se debe abocar la AIR, precisamente.

Ahora bien, si lo que se persigue es promover una investigación sobre mal manejo de recursos en el Doctorado de Administración de Empresas,¿por qué razón, con las evidencias del caso, no se solicita entonces a la Vicerrectoría de Docencia que lo inicie? Lo preocupante es que por una posible antinomia jurídica, se estremezca la institución con acusaciones gratuitas y con amenazas veladas. Es importante recalcar que la Asamblea Institucional, antes que nada, es un foro político. Es decir, lo que corresponde es la discusión política universitaria, no el arbitraje jurídico. Por supuesto, si se evidencia un delito por parte de un jerarca institucional la AIR deberá proceder, pero no en la forma atropellada y confusa en que nos quisieron embutir.

Y sin embargo, lo que colmó el vaso del asombro, y he allí una razón más para afirmar que el Directorio tomó partido innecesaria y contraproducentemente, es la noticia que circulara alrededor de la asamblea: ¡El señor Presidente del Directorio habría solicitado, con vehemencia, a la Oficina de Prensa, que se publicara la convocatoria a la AIR con su agenda en el periódico La Nación S.A y en un“lugar estratégico”. Con plena conciencia de su objetivo, pues dicho periódico ha declarado su animadversión (para no usar otra palabra) hacia la universidad pública, especialmente hacia el TEC, y específicamente hacia el señor Rector, el Directorio quería encender la mecha de un estallido inimaginable. ¿Acaso eso no violenta la autonomía universitaria?

Lo anterior corrobora, y ojalá me equivoque categóricamente, que hay un grupo opositor en la institución que, al no atinar políticamente en sus cometidos, se mueve a través de incitaciones peligrosas, ya no dentro de la sana y normal confrontación política, sino, al parecer, y es de lo más delicado, dentro del ajuste de cuentas y del rencor pasional. Porque si no se repara en el daño moral a una persona y en el incalculable daño a la imagen institucional y a la autonomía universitaria, ¿en qué se podría reparar?

Supongo, y espero, que en la próxima AIR extraordinaria donde se vuelva a ventilar el ya tristemente célebre “caso Valencia”, los estimables asambleístas sabrán, a tono con el foro y sus circunstancias, y con la serenidad que otorga un conveniente plazo para la reflexión ponderada, tomar una decisión sabia y consecuente con la academia y con la integridad institucional.